El Ministerio de Salud del Ecuador ha hecho público un primer reporte que confirma la presencia de plomo en sangre en 12 personas de 60 casos que se investigan. Pero eso no ha sido suficiente para encender alertas; todo lo contrario, se ha minimizado el asunto alegando que este es un número pequeño de afectados “aún con vida” y “estables”.

No obstante, preocupa la discrecionalidad con que se trata el tema, en un escenario en el que no se tiene mayor investigación ni tampoco data. A esto se suma que la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) meses atrás denunció estar sin capacidad de operar. Es decir, el organismo encargado de vigilar por la seguridad de que aquello de lo que nos estamos alimentando se encuentre en buenas condiciones, no esté caducado, sea higiénicamente bien producido o no esté alterado, no puede hacer bien su trabajo por falta de recursos.

La salud ciudadana de los ecuatorianos está en juego. Es prudente y necesario elevar el nivel de acción, primero para detectar técnicamente la real incidencia del problema. Aliarse a laboratorios privados y universidades está bien, pero desde el Estado se requiere una apuesta por reforzar la infraestructura y la tecnología propia para volver más eficientes los controles.