Se volteó la tortilla. Es innegable el mal sabor de boca que deja la decisión de la Contraloría de castigar a un exdirector del Isspol por presuntas irregularidades en la contratación de una asesoría legal. En lugar de reconocer que la institución actuó con rapidez y eficiencia para tratar de recuperar los recursos robados en el millonario atraco que afectó a la entidad policial, lo que se está transmitiendo es lo contrario: un mensaje de persecución a quien fue clave para destapar la corrupción en su momento. ¡De locos!

Este exdirector no solo fue esencial para entender cómo una red de empresarios se robó el dinero de la Seguridad Social de la Policía Nacional, a plena vista de las autoridades y los entes de control, sino que también jugó un rol fundamental en la recuperación de millones que de otro modo podrían haberse perdido.

Si la intención ahora es investigar los resultados de esa contratación, que se haga, pero con toda la transparencia y el rigor que requiere el caso. Lo mínimo que deberían hacer las autoridades y la Contraloría es asegurarse de que todo el proceso sea transparente e imparcial. Pero, claro, eso suena complicado cuando algunos de los mismos funcionarios que ahora están al frente de la investigación fueron los que en su momento defendieron a los implicados. Este país ya no aguanta más promesas vacías, necesitamos que la justicia funcione de verdad.

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