La recién posesionada Asamblea Nacional está más concentrada en amnistías y en descabezar a la fiscal general que en revisar la actuación del presidente del Consejo de la Judicatura y de uno de sus vocales, ambos bajo la lupa fiscal. Y es que en la cara de todos los ecuatorianos se desarrolló un concurso para la renovación parcial de jueces de la Corte Nacional de Justicia con más de un vicio.

Los reclamos y observaciones vienen de voces de fuera y una que otra de dentro del país, pero eso parece importarle poco a la Legislatura. Tan poco interesada está que le parece magnífico sentarse a conversar con quien encabeza un proceso cuestionado. Y ni se diga del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social: ‘mutis por el foro’.

Miran para otro lado como si nada. ¿No se han enterado de que la pelea también es dura en los tribunales? Desterrar a jueces con intereses ocultos es una misión cuesta arriba, pero es, asimismo, la única manera de combatir la impunidad, la madre de la desesperanza en la justicia. Que esta clara colusión institucional no contagie a la sociedad civil. Es momento de que los abogados de bien reclamen concursos sin metedura de mano y que los ciudadanos de bien en general exijan de sus representantes pactos para el progreso del país y no para el beneficio de prófugos.