Si el Estado es incapaz de proteger a sus ciudadanos, no suena descabellada la idea de que este les permita a los ciudadanos defenderse. La delincuencia tiene la plena certeza de que la sociedad anda desarmada y la Policía Nacional, lamentablemente, cuenta las balas que usa. Esa es la realidad y ante ella, quien goza del monopolio del uso legítimo de la fuerza debería compartir un poco de ese poder.

La situación crítica obliga a repensar y asumir cuándo se es incapaz de dar un servicio, como el de la seguridad ciudadana, y buscar opciones que permitan gozar de ese derecho tan anhelado y ahora sometido por unos pocos. Suavizar las restricciones y los requisitos para acceder a un arma de fuego y poder portarla, al menos de manera temporal, debería ser una de las alternativas a considerar por el Gobierno.

No obstante esta desventaja, la sociedad no puede permitirse caer rendida ante el miedo. Eso es lo que buscan los grupos terroristas: sembrar el temor y así someter al Estado y a sus ciudadanos. Dejarse subyugar por el terror es perder la batalla contra la criminalidad. Agoniza el comercio, el turismo, el quehacer cotidiano, la sociedad. Las cosas deben cambiar.

El Estado debe permitir a sus ciudadanos defenderse. Vivir constantemente en la indefensión puede terminar de liquidar todo.