En un estado de emergencia como el que vivimos, no es justo que la ciudadanía y, entre ella, los más vulnerables, tengan que pagar la factura. La propuesta de incrementar el IVA del 12 al 15 % es una solución parche inmediata y quizás la más segura para garantizar los dólares que el país requiere, pero no la más oportuna ni eficiente. No cuando existen alternativas de financiarse que el Gobierno ni siquiera ha tocado o ha dado mayores señales de aplicar.

Los asambleístas debaten en estos días la propuesta, mientras el pueblo empieza a hacer cuentas sobre los centavos y dólares adicionales que tendrá que agregar a su presupuesto para comprar bienes y servicios, midiendo futuras compras. Es que es eso. Una medida que, de ser aprobada, trae consigo el riesgo de afectar el ya alicaído consumo de hogares, afectando aún más la economía.

A los ciudadanos se les pide hacer este sacrificio económico, pero qué hay de las iniciativas que debería empezar a promover el propio Gobierno y que, bien aplicadas, serían también una garantía eficiente de recursos. Seguimos esperando una política seria y decidida de focalización de subsidios, propuestas sobre cómo se podría reducir el gasto público improductivo y la mano dura que debería tener el Estado con aquellos que no pagan los impuestos. De eso, no se dice nada.