La ley de transparencia y acceso a la información, a pesar de haber sido reformada varias veces, no es una herramienta eficaz para combatir el hermetismo con el que operan y gestionan las entidades públicas, algo crucial para erradicar las mafias y la corrupción arraigada.

Esta disposición legal, que muchas autoridades afirman cumplir, termina siendo letra muerta debido a la falta de voluntad, tanto política como humana, para ser transparentes y abiertos sobre el destino de cada centavo del dinero de los ecuatorianos. ¿Qué ocultan?

Deberíamos tener acceso a los contratos colectivos de instituciones como CNEL, así como a los lucrativos convenios públicos del Gobierno, o al cuestionado o injustificado destino que algunos municipios pretenden dar a los recursos recaudados de los contribuyentes, especialmente cuando existen necesidades realmente urgentes. Sin embargo, esto no sucede en un país donde la rendición de cuentas es escasa y donde el mal manejo o desvío de fondos, que genera déficits e inestabilidad financiera, termina por cargar a los ciudadanos con las consecuencias.

Un ejemplo es el caso del IESS, donde se contempla solicitar a afiliados de hasta 70 años que ayuden a paliar la crisis. Este problema también se refleja en el sector privado, donde no hay una explicación para que el costo de la atención médica en Guayaquil sea mucho más elevado que en cualquier otra ciudad. ¡Es de ‘locos’!