En medio de la creciente preocupación por la ola de violencia criminal que vuelve a azotar a Ecuador, es alarmante observar la desconexión del presidente con la realidad de la situación. Mientras el país enfrenta desafíos urgentes en materia de seguridad, el liderazgo parece estar más preocupado por otros asuntos, dejando a la ciudadanía vulnerable y desatendida.

Lo que comunica el primer mandatario a través de todos los canales de difusión sobre sus actividades está cada vez más alejado del temor de los ciudadanos. En lugar de abordar de manera proactiva estos problemas, sus discursos públicos y acciones no reflejan la gravedad de la situación ni muestran un compromiso para abordarla de manera efectiva, como lo hizo en las primeras semanas al llegar a Carondelet.

Lo mismo ocurre con los ministros de Estado, quienes han bajado su perfil y han dado pocas o casi ninguna explicación últimamente sobre los hechos violentos y secuestros en Santa Elena, Los Ríos, Guayas, Manabí y El Oro.

La seguridad es un derecho fundamental de todos los ciudadanos, y el Gobierno tiene la responsabilidad de garantizarla. Es hora de que el presidente se pronuncie, pero también de que aclare al país qué medidas se están implementando para proteger a su pueblo. La inseguridad y la violencia criminal no pueden ser ignoradas ni minimizadas; deben ser enfrentadas con determinación y acción.