Anunciar un nuevo estado de excepción ante los últimos hechos de extrema violencia, no basta. Lo que se espera es ver resultados categóricos, y lo que se ha logrado no pasa de intentos fallidos, con tenues y poco duraderos períodos de relativa calma, seguidos por un repunte notorio de delitos, no solo cuantitativo sino con intensificación de los niveles de crudeza. Y así ha sido cada vez que este Gobierno ha difundido ‘nuevas’ medidas para contrarrestar la cada vez más desbordada delincuencia.

Son innumerables las ocasiones en que el primer mandatario y la fuerza pública han reiterado que con las acciones emprendidas la ciudadanía sentiría una disminución de la inseguridad, repetitivos anuncios que no han pasado de buenas intenciones. Ante su fracaso, únicamente se ha logrado incrementar la desconfianza, la desesperanza y el hartazgo de los ecuatorianos.

Si no ha sido posible -y pareciera que no lo será- devolverle al país la seguridad, que es fundamental para el bienestar, el Gobierno debería concentrar esfuerzos en -por lo menos- librar a la población de las mafias que operan en el sector de la Salud, prioritario para lograr una mejor calidad de vida.

Queda poco para que este régimen deje un legado valioso: lograr cambios contundentes en el IESS y en el Sistema de Salud pública.