Las ofertas populistas en esta campaña electoral no hacen más que confundir a los ciudadanos habilitados para sufragar el próximo 9 de febrero, en un acto de alta responsabilidad para con el país, ya que una mala decisión le puede costar muy caro a la población. Por ejemplo, proponer la pena de muerte no es más que un engaño, ya que es una medida irrealizable y que poco aportaría a la crisis de inseguridad que soporta Ecuador.

En el hipotético caso de que la pena de muerte o la cadena perpetua para criminales fuera implementada, con el fin de ser disuasiva para delitos graves, estas no garantizan justicia y, más bien, pueden ser un vehículo hacia el cometimiento de errores judiciales y la vulneración de derechos humanos. Lo que los presidenciables no le recuerdan al pueblo es que el país, desde 1906, ha suscrito una serie de instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a la vida.

Más allá de la ‘lata barata’ que por estos días lanzan los aspirantes a la presidencia, lo que se debe proponer son alternativas para erradicar la corrupción enquistada en el sistema de rehabilitación de reos y en la justicia, para que los criminales de peso no salgan con medidas sospechosas y continúen sembrando el terror en las calles.