Las denuncias de presuntas irregularidades en la compra y venta de combustible mantienen enfrentados al presidente de la República y al alcalde de Guayaquil. El conflicto ha escalado hasta la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, donde oficialistas y correístas se han dado duro, priorizando la defensa de sus posturas y los nombres de los ‘salpicados’, antes que los reales perjuicios de este supuesto delito para el Estado en el rubro hidrocarburífero.

Más que aclarar responsabilidades, el tema se ha convertido en una herramienta política. Cada actor lo interpreta según su conveniencia, denunciando persecución cuando le conviene o utilizándolo para debilitar al adversario. Este conflicto es un reflejo del uso estratégico de la denuncia en tiempos electorales. No importa quién tenga razón o quién sea inocente; lo que cuenta es la capacidad de influir en la opinión pública y, sobre todo, en los votantes. En lugar de esclarecer los hechos y exigir respuestas claras, el tema se diluye en acusaciones cruzadas que solo contribuyen a la desinformación.

Esta es una cortina de humo más, donde la verdad importa menos que el rédito político. Y mientras tanto, la necesidad de transparencia sigue a la cola.