La revelación de la instalación de un sistema ‘exclusivo’ de alarmas en los barrios donde residen los concejales de Quito, con un costo que superaría los 100.000 dólares, plantea interrogantes preocupantes sobre la igualdad y la transparencia en la gestión pública.

En la capital, donde la seguridad desde hace tiempo es una preocupación constante para sus habitantes, resulta inaceptable que los representantes de la ciudad, en lugar de trabajar para fortalecer los sistemas de seguridad comunitaria, opten por privilegiarse con un sistema aparte, financiado, al parecer, con recursos públicos.

El argumento de que los concejales y el alcalde están “expuestos a situaciones caóticas” no justifica la creación de un sistema exclusivo de alarmas. El servicio público no debe ser visto como un privilegio personal, sino como una responsabilidad hacia el bienestar de los demás. La implementación de este tipo de medidas solo divide a los quiteños entre ‘los privilegiados’ y ‘el resto’.

Las autoridades municipales deben trabajar en medidas que promuevan la seguridad de manera equitativa y efectiva para todos los ciudadanos de Quito.