En una sociedad democrática, la transparencia y el acceso a la información pública son pilares fundamentales que sostienen la confianza entre los ciudadanos y sus representantes. Sin embargo, lamentablemente, instituciones públicas y ministerios aplican el popular ‘se fue el mudo’ cuando la prensa solicita información o entrevistas con funcionarios para contrastar datos de casos de interés general.

El incumplimiento de Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece claramente su obligatoriedad en el territorio nacional, no solo es una afrenta a la libertad de prensa, sino que afecta directamente a los ciudadanos, privándolos de información pública relevante para la toma de decisiones.

Observamos cómo algunas instituciones optan por el silencio oficial, eludiendo su responsabilidad de rendir cuentas y de brindar información clara y accesible a la ciudadanía. Otros, incluso, esperan estratégicamente que los días transcurran tras la publicación, para luego exigir rectificaciones o aclaraciones a los medios de comunicación, enviando testamentos llenos de versos rebuscados y sin nada de información o sustento informativo.

La prensa desempeña un papel fundamental como contrapeso al poder y como garante de la transparencia y la rendición de cuentas en una sociedad democrática. Las instituciones públicas y ministerios deben asumir su responsabilidad y cumplir con su obligación legal de proporcionar acceso a la información pública.