Si el presidente de la República tomó la decisión de aplicar la muerte cruzada porque es lo mejor para el país, todas las reformas que implemente buscarán coincidir con las aspiraciones más urgentes de los ecuatorianos.

Para recuperar la seguridad se requerirá dotar a la fuerza pública de armamento, municiones, alojamiento, movilización, alimentación y tecnología, y de capacitación permanente, para lo cual tendrá que asignar recursos y entregarlos con agilidad, evitando que la adjudicación se quede en el papel. Es imprescindible también acabar con las mafias en la salud, las aduanas, la educación, la producción y comercialización petrolera, por nombrar algunos sectores donde reina la corrupción, cuyo destierro, junto con la recuperación del dinero robado, constituyó una de sus principales promesas de campaña. Y es urgente, asimismo, rehabilitar la red vial y construir infraestructura destinada a eliminar o al menos atenuar el efecto de las inundaciones, más aún con la amenaza de un fenómeno de El Niño.

Pese al corto tiempo que le queda, el mandatario, además de lograr una profunda reforma legal, debe salir de su zona de confort, sobreponerse a la cobardía de usar los fondos y ejecutar obra pública trascendente que lo lleve a ser recordado por una efectiva aunque breve gestión, no por haber sido el primero que aplicó la muerte cruzada.