En este país, por donde se presiona, salta la pus de la corrupción en las entidades estatales. Y no es algo de los últimos tiempos, las mafias en silencio, durante años, han tejido sus redes en instituciones públicas para aprovecharse de la necesidad de los ciudadanos por realizar trámites.

Lo que sucede en el edificio del Gobierno Zonal de Guayaquil, adonde cientos de ciudadanos acuden a diario para obtener por su pasaporte, es un despelote por la falta de citas. Sin embargo, a pocos metros de las interminables y estresantes filas, tramitadores ofrecen el ‘paraíso’, ahorrándoles el tiempo de espera a cambio de más de 300 dólares cuando aquel documento está por los $90.

Que las autoridades del Registro Civil guarden silencio cuando se exigen respuestas por estos actos de corrupción, que no solo se dan en los exteriores de dicha dependencia, sino también adentro mismo y en las narices de los funcionarios, es una muestra del grado de contaminación y también de irrespeto hacia el pueblo.

La ineficiencia debe terminar ya, al igual que el ‘descuido’ en el control de las instituciones públicas. Para restaurar la confianza en las instituciones y garantizar que los servicios públicos estén al alcance de todos, sin necesidad de sobornos ni intermediarios, es urgente realizar una ‘limpia’ profunda.