La línea entre la legítima defensa y la complicidad con el crimen organizado puede ser más delgada de lo que parece. ¿Hasta qué punto un abogado deja de representar la justicia y se convierte en parte de las redes criminales de sus clientes?

Los casos Metástasis, Purga, Plaga y Fachada evidencian que algunos juristas, por dinero, abandonan los principios de la justicia. No solo incurren en prácticas desleales, sino que llegan a sobornar, lavar activos y corromper el sistema legal.

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Lenin Vimos, abogado de Los Lobos, pidió disculpas públicas el pasado martes por su vínculo con estas redes. Movió más de $200.000 gestionando boletas de libertad para delincuentes peligrosos mediante coimas y certificados médicos falsos.

Vimos recibió una sentencia reducida de 27 meses de cárcel tras acogerse al procedimiento abreviado y colaborar eficazmente. En marzo de 2026 estará libre, ya que lleva 12 meses detenido, y podría volver a ejercer la abogacía.

¿Quién sanciona a los abogados en Ecuador?

En Ecuador, el Consejo de la Judicatura es la única institución con facultad para sancionar a los abogados. Sin embargo, las penas son meramente económicas. Por ejemplo, en 2024, la Judicatura multó a Vimos con un salario básico por liberar a más de 50 delincuentes, aplicando el artículo 335 del Código de la Función Judicial, que sanciona la violación de principios como la buena fe y la lealtad.

Referencia internacional para estos casos

En otros países, como Estados Unidos, los colegios de abogados tienen mayor poder sancionador. En Florida, el Colegio de Abogados supervisa, disciplina y revoca licencias en casos graves, como lavado de activos. Según la especialista en corrupción Belén Enríquez, las sanciones van desde advertencias hasta la revocatoria permanente de la licencia, tras un riguroso proceso disciplinario basado en las Reglas de Conducta Profesional de la American Bar Association.

En Ecuador, esto no ocurre. Cristian Romero, exabogado del narcotraficante Leandro Norero, del exvicepresidente Jorge Glas y de los Bucaram, sigue ejerciendo desde la clandestinidad. Incluso Wilman Terán, expresidente de la Judicatura, con dos sentencias en su contra por delincuencia organizada, continúa practicando, a pesar de que el artículo 65 del COIP prohíbe ejercer la profesión si el delito está vinculado a esta.

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Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, lamenta que los gremios no puedan disciplinar a sus afiliados, ya que esta tarea recae únicamente en la Judicatura. Teresa Guzmán, abogada en España, asegura que en su país casos como Metástasis habrían resultado en la expulsión inmediata de los responsables.

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