Las autoridades están obligadas por ley a rendirle cuentas al pueblo, que ahora parece estar despertando del letargo en que se encontraba porque ha empezado a observar más objetivamente a aquellos que ejercen el poder, quienes son, en gran parte, los responsables de la situación de inseguridad y crisis económica que está viviendo el país.

Las últimas decisiones del presidente de la República, que permitieron la intervención militar en las calles y en las cárceles, han recibido los aplausos de los ciudadanos, que además deben exigir la fiscalización del trabajo de los gobernantes nacionales, así como de los municipios y de las prefecturas sospechosos de haber hecho obras con dedicatoria.

Los alcaldes y prefectos que no rindan cuentas de sus decisiones y de las ejecuciones presupuestarias con presuntos sobreprecios o para beneficio de intereses particulares, bien podrían ser considerados como posibles integrantes de las redes de corrupción que se han apropiado del dinero público.

Los ecuatorianos no pueden permitir que haya más capos que continúen manteniendo al país en una espiral de violencia y de pobreza interminables. Los medios de comunicación debemos cumplir con el rol social y sacar a la luz los hechos que las autoridades quieren ocultar.