El combate a la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado no puede hacerse de la forma en que hasta hoy ha sido concebido, porque en estos momentos es más fácil que los delincuentes tengan acceso legalmente a las armas que la población, que las necesita para defenderse.

Si a un juez de la Corte Constitucional le resulta casi imposible obtener el permiso de tenencia y porte de armas por las trabas que encuentra en un trámite que dura meses, difícilmente podrá ser una realidad el que baste una autorización presidencial para que la población necesitada tenga acceso a ello, tanto por los costos como por el tiempo que demanda. No obstante, le es más fácil obtener el permiso al cabecilla de una banda criminal, por el poder que le da el dinero mal habido y las conexiones que tenga, antes que a un ciudadano de a pie, a quien incluso le será imposible comprar un arma en el mercado local.

El decomiso de centenas de armas de fuego camufladas en un contenedor y en un bus interprovincial expone el tamaño del problema que enfrenta el país, que vive la peor crisis de seguridad en su historia.

El nuevo gobierno, con el concurso de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, es el llamado a liderar una estrategia que permita a los ciudadanos contar con las herramientas que le permitan defenderse.