Desde el 18 de enero de 2025, la situación de la vicepresidenta Verónica Abad ha generado controversia. El Gobierno de Ecuador le envió un pasaje para viajar a Turquía, siguiendo el decreto ejecutivo 490 emitido el 23 de diciembre del 2024. Sin embargo, el contexto legal y político detrás de esta decisión plantea dudas y podría tener repercusiones significativas en el futuro de la funcionaria.

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El motivo detrás de este viaje tiene que ver con el cumplimiento de una función diplomática, según el decreto que la nombra como consejera temporal en temas económicos en la Embajada de Ecuador en Ankara. Este nombramiento surge tras una acción de protección presentada por Abad, que fue aceptada por la jueza Nubia Vera el mismo día de la emisión del decreto presidencial. La jueza dejó sin efecto una sanción administrativa que suspendió a la vicepresidenta por 150 días, argumentando que Abad es una autoridad electa por voto popular y que los funcionarios del servicio exterior no pueden ser objeto de sanciones.

Sin embargo, el constitucionalista Sebastián López ha planteado que esta situación resulta contradictoria. López considera que el intento de enviar a Abad a Turquía, bajo el pretexto de cumplir con una función temporal, es un intento de forzar una interpretación que implique el abandono de sus funciones. Esto, a su juicio, podría justificar una nueva sanción, a pesar de que la Corte Constitucional ya había corroborado que las autoridades electas por votación popular no pueden ser suspendidas o destituidas. De acuerdo con López, la decisión de enviar a Abad a Turquía podría ser un intento de eludir los efectos de la sentencia constitucional que la restituyó en su cargo.

¿Y si Daniel Noboa toma licencia...?

Otro de los puntos críticos que resalta López es que, si el presidente Daniel Noboa decide tomarse una licencia para hacer campaña electoral, la vicepresidenta Abad debería asumir temporalmente la Presidencia, tal como establece la Constitución. Sin embargo, la situación de Abad sigue siendo incierta. A pesar de que la jueza Vera ordenó su restitución, la vicepresidenta no ha podido retomar sus funciones, debido a que la fuerza pública actuó en favor del presidente, impidiendo que Abad accediera a su despacho.

Las decisiones políticas y judiciales en torno a la vicepresidenta podrían desencadenar una serie de consecuencias legales y políticas de gran alcance. Si Verónica Abad no viaja a Turquía y la situación sigue estancada, la vacancia de su puesto podría generar un vacío de poder y complicar aún más las relaciones dentro del Gobierno. Además, la interpretación de las autoridades sobre su rol podría tener implicaciones significativas en el futuro político de Abad, así como en la estabilidad del gabinete de Noboa.

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