Una de las más grandes masacres que se recuerdan en Guayaquil tuvo como escenario un plan habitacional popular ubicado en el noroeste, dominado desde hace algunos años por una organización criminal y donde el Estado no tiene presencia, más allá de alguna incursión policial y militar, que resulta insuficiente porque, como una pared blanca, con el tiempo vuelve a ensuciarse.

De nada sirven (ni servirán) las acciones de represión e intentos de control por parte de las fuerzas del orden, si estas solo se concentran en los allanamientos y las interminables detenciones de ciudadanos con un largo historial delictivo. Es necesario que se trabaje en evitar que siga cerrándose ese círculo de violencia al que los más pequeños están expuestos en ese sector, y que se normaliza desde tan temprana edad como única opción para sobresalir en la vida.

Y es aquí donde el Estado sigue fallando, porque los programas de recuperación social de zonas rojas no han contado con las garantías necesarias para instaurar la paz y ofrecer oportunidades, o simplemente no están contemplados.

Es urgente que el Estado actúe con una estrategia integral, que se enfoque también en la prevención y el fortalecimiento de las comunidades. Solo así se podrá romper el ciclo de violencia y ofrecer una verdadera oportunidad para la paz y el bienestar de los ciudadanos.

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