Ecuador se jugará mañana, en las urnas, la posibilidad de modificar o empezar a cambiar su política de explotación de recursos naturales. Será la opinión ciudadana la que elija si el país debe seguir en la ruta de la extracción de crudo bajo un ‘sello sostenible’ o exprese su deseo de dar un giro en la búsqueda de nuevas fuentes de ingreso. El discurso ecologista ha empezado a calar en el debate ciudadano, influenciado no solo por los spots de campaña que incitan a prohibir, con un voto, la explotación petrolera del Bloque 43-ITT, sino por los candidatos presidenciales más jóvenes que han tomado postura pública por cesar la extracción; o porque ha regido una política ineficiente; o porque se anticipa el fin de la era petrolera y se vislumbra que sus réditos ya son a corto plazo.

Sea cual sea la decisión ciudadana, el tema del Yasuní debe marcar un antes y un después. Debe llevarnos a reflexionar acerca de lo que el país realmente ha logrado en décadas de explotación del ‘oro negro’, y sobre las reformas urgentes que se requieren para que su beneficio -mientras dure- no solo sea fiscal, sino social. O bien todo lo contrario: empezar a trazar las vías que permitan entrar a un cambio ordenado para dejar de depender del consumo de combustible fósiles, pero sin desfinanciar al Estado, ahondando el déficit fiscal.