Es un problema de salud pública que ahoga a los capitalinos. Son pocos los visitantes que llegan a Quito que no se percatan de la pésima calidad del aire. Esa percepción es verdadera, las 10 estaciones de monitoreo de la Secretaría de Ambiente que miden la calidad del aire han determinado que esa capa oscura que se instala sobre la ciudad está compuesta por un 48 % de diésel, 21 % de gasolina, 12 % de emanaciones industriales y 17 % de biomasa.

En definitiva, es el sistema de transporte vehicular lo que está envenenando a la ciudad. De acuerdo con la normativa, cada vehículo que sobrepasa ciertos niveles de contaminación debe ser retenido por cinco días y su propietario debe pagar 200 dólares de multa.

Lo insólito es que a pesar del evidente tránsito de buses y camiones que lanzan inmensas humaredas negras, ese control no se cumple: desde enero hasta agosto no hubo ni un solo carro sancionado. Este fenómeno se agrava por la ubicación geográfica de la ciudad que hace que, por la altitud, la combustión de los motores sea deficiente. Además, la calidad de los combustibles es pésima y, para colmo, tienen su precio subsidiado, por lo cual su consumo indiscriminado es incentivado por el propio Estado. 

Urge que se desarrollen políticas públicas como controles eficientes e incentivos para que el transporte público sea eléctrico y la capital no ‘muera’ contaminada.