La Corte Constitucional vuelve a ser protagonista. Los reflectores caen de nuevo sobre los nueve jueces que deberán funcionar como filtros de los decretos-leyes en materia económica urgente que presente el primer mandatario.

El presidente deberá aprovechar estos cerca de seis meses en los que gobernará sin una Asamblea sosteniendo una espada sobre su cabeza, para firmar reformas legales fundamentales que realmente transformen al país, y que los cesados seguramente iban a obstaculizar (como ya lo hicieron en el pasado), pero que el pueblo ecuatoriano agradecerá.

De los nueve magistrados se espera nada más y nada menos que sensatez en el razonamiento de sus fallos. Sin pasiones, sin cálculos políticos, siempre acogiendo lo que dice la ley como su único y primordial principio. Serán seis meses en los que deberán responder, no al presidente, sino a la Constitución, a las leyes y a los intereses colectivos.