La decisión de un presidente de la República de desmantelar a los grupos de inteligencia anticriminal para ponerlos al servicio de la política, le abrió el camino a la violencia y al narcotráfico para apoderarse del país, a tal nivel que están incontrolables.

El atentado con explosivos en el sector del Cristo del Consuelo, atribuido a la guerra criminal que enlaza la disputa en las cárceles con el mercadeo de la droga en Guayaquil y las rutas de narcotráfico, es solo una de las tantas consecuencias de haber diezmado la capacidad institucional y operativa de las fuerzas militares y policiales, al punto de que no tengan ni los más indispensables equipos humanos, logísticos y tecnológicos para realizar las operaciones antidelictivas en el territorio nacional.

La escasez de recursos y la poca preparación en los minúsculos grupos de inteligencia han llevado a que los ciudadanos se sientan desprotegidos por un Estado obeso, en el que está enquistada la corrupción, que merma aún más los recursos económicos que podrían estar destinados a brindarleseguridad al territorio nacional.

La lentitud del actual Gobierno en cambiar la situación actual y fortalecer el aparato de seguridad estatal abona al ambiente de violencia. Urge la depuración militar y policial, y el combate a los grupos criminales. No hacerlo es llegar a la violencia que superó Colombia y enfrenta ahora México.