Cuando delincuentes de las bandas más peligrosas del Ecuador reciben orden de prisión, no temen caer en las manos de sus enemigos, pues el sistema carcelario se encarga de llevarlos a un lugar donde se sientan en ‘familia’, en pabellones exclusivos para cada agrupación criminal.

De alguna forma, eso puede frenar la violencia en esas áreas, sostiene Daniel Pontón, decano de la escuela de Seguridad y Defensa, del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN). Sin embargo, también cree que ese método sería un arma de doble filo, porque se permite el fortalecimiento de estos grupos en el interior.

El pasado 23 de febrero, en las cárceles de Cuenca, Guayaquil y Latacunga hubo una masacre que dejó 79 personas privadas de libertad (PPL) fallecidas. Ese día se confirmó el resquebrajamiento de Los Choneros, pues algunas de sus facciones se separaron para luchar en su contra, en busca del manejo del tráfico de drogas.

Las principales bandas que se aliaron para esta guerra fueron Los Tiguerones y Los Lobos, las que hasta 2020 se mostraron leales a Jorge Luis Zambrano González, alias Rasquiña o JL, el líder de Los Choneros, quien fue asesinado en Manta el 28 de diciembre de ese año. A cargo del ‘trono’ quedaron Fito y Junior, sus dos sucesores.

En videos que durante el año pasado se viralizaron en redes sociales, se observa cómo Los Lobos demostraban su fidelidad a Rasquiña. Esto a pesar de que su líder, Wilmer Chavarría, alias Pipo, habría tenido problemas con JL.

En un informe del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, elaborado por Billy Navarrete Benavides, consta que esta organización recibió una denuncia de parte de Pipo el 6 de marzo de 2015, por amenazas de muerte de parte de Jorge Luis Zambrano, pero no se precisan los motivos. En la Fiscalía no consta una denuncia formal al respecto.

“Presos con armas”

El pasado 28 de abril hubo un altercado en el Centro de Rehabilitación Social de Varones 1, de Guayaquil, en el que cinco PPL murieron. La pelea fue, nuevamente, entre Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones, luego del asesinato del abogado de Rasquiña, Harrison Salcedo, en Quito.

Las autoridades no confirmaron relación entre esos hechos, pero para especialistas en seguridad no había duda de que estuvieran relacionados. Incluso, era la versión que se manejaba entre los familiares de las víctimas.

La esposa de uno de los fallecidos, quien pidió la reserva, ratificó esa situación y agregó que los problemas podrían continuar, porque presuntamente existe corrupción en el centro penitenciario y por ese motivo aún habría “presos con armas”.

EXTRA lo advirtió

Antes de esos incidentes, hubo detenciones consecutivas de grupos identificados con estas bandas rivales. Por ese motivo, el 6 de abril, 22 días antes del último percance, Diario EXTRA envió un correo al general de Policía, en servicio pasivo, Edmundo Moncayo, director del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI), ente encargado del sistema de rehabilitación.

Al funcionario se le preguntó si existía un plan que evite, debido a la reagrupación, la conformación de un gran contingente en cada bando. La consulta se hizo para esclarecer si, bajo su modelo, tenían todo controlado. Sin embargo, su respuesta no ha llegado, hasta ahora, aunque se vio reflejada en lo ocurrido en la antigua penitenciaría.

Quien sí habló de esta situación fue el subcomandante de la Zona 8 (Guayaquil, Samborondón y Durán), coronel Neyb Jiménez Aguilar. El oficial confirmó que estas agrupaciones están divididas por pabellones y que, para mantener el orden, los agentes permanecen atentos y realizan inspecciones permanentes para sacar de las celdas las armas que oculten los internos.

Trabajo policial

Acerca de la posibilidad de que estas bandas hagan que sus miembros armen casos para dejarse detener por la Policía, y así crecer dentro de las cárceles, dos expertos en seguridad tienen dudas de esta posibilidad. Uno es Pontón y el otro, Nelson Yépez, analista de violencia criminal con 30 años de experiencia.

Ambos coinciden en que “nadie quiere ir preso” y que realmente se trataría de un trabajo de la Policía para debilitar a estas bandas, aunque dentro de las cárceles consiguen el efecto contrario, pues bajo el modelo de reagrupación se están creando ‘ejércitos’ poderosos.