Los ecuatorianos tienen clara la prioridad: recuperar la seguridad para poder reactivarse económicamente. Pero esta seguridad no abarca solo la lucha contra el narcoterrorismo, sino contra la inseguridad jurídica, evidenciada por los casos en los que la Fiscalía está exponiendo toda la podredumbre enquistada en el Poder Judicial; un frente que se debe depurar a fondo para que lo denunciado no quede en la impunidad.

Sin embargo, Ecuador también afronta graves problemas en salud y educación, que se agudizan con los años, sin que ninguno de los gobiernos que se han sucedido en las dos últimas décadas haya logrado cambios positivos y estructurales que permitan su optimización y sostenibilidad en el tiempo.

El salvataje del IESS no puede postergarse y no podemos resignarnos a tener una población estudiantil con altísimo porcentaje de deserción y bajísimo nivel de aprendizaje. Se necesitan recursos para atender con urgencia ambas áreas y si el déficit fiscal no lo permite, el Estado tiene que priorizar hacia dónde dirigir los escasos fondos de los que dispone. Así, debería eliminar el subsidio a los políticos y que ellos financien sus campañas de su propio bolsillo para acabar con esa subvención que se ha convertido en un rentable negocio. Por eso tantos se vuelven candidatos aunque no tengan ninguna posibilidad de ser elegidos. Esta reforma debería ser consultada al pueblo.