Es indudable que la paralización de actividades que provocaron las medidas para impedir el rebrote de contagios de la COVID-19 ha afectado económicamente a los diferentes sectores públicos y privados del país.

Uno de los que ha sufrido la baja de ingresos y hasta perjuicios millonarios es el que tiene que ver con la transportación urbana e interprovincial que en los actuales momentos sufre pérdidas, no solo por la reducción de usuarios en sus unidades, también, y sobre todo, por la subida gradual del precio de la gasolina y el diésel ante el retiro progresivo de los acostumbrados subsidios por parte del Estado.

Ante esta situación, los transportistas plantean al Gobierno que se autorice el alza de los pasajes y, de ser posible, se establezca un subsidio. Y desde el sector oficial se ha respondido, en especial desde los ministerios de Finanzas y Transporte, que en corto plazo se establecerá un diálogo entre las partes para llegar a un acuerdo que no perjudique a los usuarios.

Los transportistas han alegado, por su parte, que se siguen elevando las pérdidas, no solo por la baja de usuarios sino por el pago de sueldo a choferes, el gasto diario de combustible y la compra de repuestos de las unidades.