Lo ocurrido en Manta, donde un asambleísta alterno, su esposa y un ciudadano fueron víctimas de un ataque criminal en medio de decenas de niños y adultos, es una clara alerta de que la ‘receta’ contra la inseguridad aplicada por el Gobierno Nacional ya no surte efecto.

Los ecuatorianos continúan desprotegidos, y más que antes, pues a las imparables muertes violentas se suman los incontenibles casos de secuestros y extorsiones, que a menudo culminan en el asesinato de las víctimas. Los estados de excepción suponen un pequeño alivio para los ciudadanos cuando son anunciados, pero horas más tarde su efecto es superado por los crímenes en todas las regiones del país.

Los anuncios de cifras de detenidos, decomisos de armas y drogas, todo lo que el Gobierno divulga como trofeos de su gestión en la lucha contra los grupos de delincuencia organizada, quedan solo para la foto, porque en las calles la realidad es otra y difiere mucho del escenario de paz y seguridad que se pretende instaurar.

Insistir en defender la veracidad del Plan Fénix es una pérdida de tiempo e irrespeto para los ciudadanos. El Gobierno está obligado a garantizar la seguridad de los ecuatorianos y a empezar a buscar otra ‘medicina’, ya que los estados de excepción están ‘caducados’.