El discurso oficial del gobierno central, de que existe una disminución de la inseguridad, no puede sostenerse cuando los ciudadanos están viendo que continúan los asesinatos de policías, militares y autoridades locales en los cantones costeros con mayores índices de criminalidad del territorio nacional.

Si estos crímenes ocurren en pleno estado de excepción y toque de queda, no es difícil advertir lo que ocurrirá cuando estos terminen en unas semanas, porque este tipo de decisiones no pueden ser indefinidas ni corresponden únicamente al Ejecutivo, sino que involucran al Legislativo y la Corte Constitucional.

La existencia de un conflicto armado obliga no solo a la aplicación de medidas disuasivas y de represión, sino otras en la que deben intervenir muchos actores nacionales y locales, entre ellos, los jueces y fiscales que integran el órgano jurisdiccional del país, que permite la aplicación de justicia.

El combate a la infiltración criminal, que está en todos los estamentos del Estado, incluidos los municipales, es fundamental en el actual estado de crisis de seguridad, que es lo que ha provocado que haya alcaldes que no puedan despachar desde los municipios por el miedo a ser asesinados. La lucha debe ser integral.