El manto oscuro de la violencia criminal que en los últimos años ha cubierto a Ecuador no ha permitido ver una serie de atrocidades que también se comenten dentro de los centros educativos públicos y privados, descontrol que ha superado a las autoridades de Educación, cuyas respuestas y reacción siempre llegan tarde.

Las denuncias de abuso sexual, acoso, amenazas de alumnos a docentes, maltrato por parte de maestros a estudiantes, entre otros delitos, se han multiplicado en las últimas semanas en Quito y Guayaquil. El escándalo en el que están involucrados tres estudiantes de un colegio del Puerto Principal por una presunta violación a una compañera, evidencia que las omisiones benefician a la generación de un ambiente de impunidad dentro de estos centros.

Que el supuesto abuso sexual sucediera en un destino turístico fuera de nuestro país, como parte de un viaje escolar, y que al regreso, como única medida, la institución educativa haya enviado a la víctima y a los sospechosos a culminar el año lectivo a través de clases virtuales, deja dudas sobre los protocolos que el Ministerio de Educación recomienda para estos casos, ya que se ha expuesto a la afectada a la revictimización.

Las denuncias de impunidad e ineficiencia atribuidas a las autoridades pertinentes colocan contra la pared a esta cartera de Estado.