La reciente decisión de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) de suspender las multas detectadas por radares de velocidad en todo el país, aunque tarde, es un paso necesario en el camino hacia una gestión de transparencia de las instituciones públicas, embarradas de corrupción.

Los ciudadanos esperan que la verdadera erradicación de las mafias empiece con la solicitud hecha por la CTE a la Contraloría General del Estado para que realice un examen especial sobre los concursos y contratos con consorcios privados y que no se entrampe, como ha sucedido con otra clase de denuncias.

La seguridad vial no solo implica la aplicación de sanciones, sino también la garantía de que estas se apliquen de manera justa y transparente. Para que regrese la confianza del pueblo a esta institución y sus autoridades, deben dejar de meterle la mano al bolsillo de los conductores que sí cumplen las normas y respetan las vías.

Este es el momento propicio para que la imagen institucional de la CTE, en todos sus niveles, sea revitalizada con un enfoque en la transparencia y la integridad. Además, es esencial que se modernice y fortalezca para volver a ser una entidad ejemplar en términos de respeto y eficacia. Tiene la oportunidad de liderar ese cambio.