El inicio de procesos penales contra fiscales y jueces corruptos no es suficiente para hacer una depuración profunda del sistema de justicia ecuatoriano, que está tomado por los tentáculos de la corrupción y los grupos criminales que buscan la impunidad de sus líderes y compinches.

Una de las principales medidas para luchar contra la inseguridad ciudadana y los grupos criminales es garantizar la rectitud, honestidad y buen comportamiento de los servidores judiciales, quienes deben haber llegado a los cargos por una carrera judicial y no por los intereses de los grupos políticos, que también mandan en otras funciones del Estado.

Solo con fiscales y jueces probos, que fortalezcan a los órganos jurisdiccionales para el servicio del pueblo y el bien común, se podrá luchar denodadamente contra la desmedida corrupción expuesta por la Fiscalía General del Estado.

Provoca un profundo malestar que haya jueces y fiscales, coludidos contra el país, que ahora estén pensando en cómo librarse de la salpicadura de los casos Metástasis y Purga, llegando al extremo de dormir fuera de sus casas para evitar detenciones, en vez de estar exigiendo y trabajando para lograr la inmediata moralización de las cortes, asunto vital para recuperar la seguridad robada por la corrupción.