Los grandes anuncios en poblaciones ecuatorianas, de que sus habitantes están dispuestos a hacer justicia por mano propia con los delincuentes y extorsionadores que les roban su tranquilidad, muestran la pérdida de confianza en los cuerpos de seguridad, en el gobierno central y en el corrupto sistema judicial, lo que los lleva a buscar otras alternativas para defender sus bienes y su integridad física.

Resulta peligroso que el pueblo tenga que recurrir a este tipo de medida desesperada de protección, cuando son los gobiernos nacional y locales, y los demás estamentos del Estado, incluidas la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional, los que deben estar ejecutando planes de seguridad que garanticen la tranquilidad en todo el territorio nacional.

Tan altos son los índices de violencia criminal, tal vez superiores a los que indican las cifras oficiales, que están afectando grandemente a las actividades productivas del país, entre ellas el turismo. El número de personas en la desocupación, por la falta de empleo formal e informal debido al cierre de todo tipo de negocios, es la más clara muestra de que no están funcionando las medidas aplicadas. Los gobiernos locales, también responsables del bienestar común, deben aunar esfuerzos para evitar que las amenazas se conviertan en realidad.

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