Toda ayuda estatal para los más desprotegidos siembra equidad en cualquier sociedad, pero esta se resquebraja cuando en ello se infiltran viejas mañas. Así ocurrió con el caso de una hacienda que el gobierno correísta expropió en 2017 para ofrecerla a migrantes con el fin de incentivar su retorno, y que terminó siendo un engaño para ellos.

No es el único caso, en los últimos años varios programas sociales han sido blanco de corrupción.

Para evitar que estas se repliquen, es necesario establecer censos que identifiquen a quienes realmente requieren de una asistencia, pero también mecanismos más rigurosos de control para garantizar que ello se cumpla. Las autoridades no pueden hacer oídos sordos o ponerse una venda para evitar ver lo que está mal; deben actuar.