Según la Constitución, el Estado garantiza el acceso a salud, educación y seguridad, pero nuestro sistema de salud es incapaz de prestar atención médica de calidad. Sin embargo, puntualmente el IESS arrebata a los trabajadores, mes a mes, un importante porcentaje de su remuneración; y el fisco recauda fondos para instituciones de asistencia social a través de contribuciones en operaciones financieras, y la ciudadanía paga impuestos para mantener al Ministerio de Salud y su red.

En educación, los padres tienen que pagar valores de manera “voluntaria” y periódicamente para que las escuelas y colegios donde estudian sus hijos puedan funcionar. Y en cuanto a seguridad, los sicariatos, atentados narcoterroristas y delincuencia común tienen subyugados a los habitantes, que también son víctimas de la extorsión, teniendo que hacer pagos a sus potenciales agresores para garantizarse protección contra ellos mismos.

El ecuatoriano se asfixia entre cuotas escolares, vacunas antidelictivas, contribuciones, aportes e impuestos para acceder a todo lo que un Estado ineficiente y corrupto no es capaz de proporcionarle “gratuitamente” como contrapartida de los impuestos que paga.