La matanza del martes 23 de febrero pasó factura a una de las autoridades. Se trata de Orlando Jácome, subdirector del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI), quien renunció la mañana del miércoles 24.

Ocurrió luego de que se difundieran supuestos pasquines entregados por bandas delincuenciales implicadas en los hechos sangrientos. En esos papeles figuraba su apellido y se pedía su cabeza.

Ante esto, los análisis no solo se han centrado en las disputas entre estos grupos que quieren hacerse del control interno, sino también por otros parámetros, como lo detalla Mario Pazmiño, exjefe de Inteligencia del Ejército y analista de temas de seguridad.

“Existe una deficiencia en la selección del personal de guías penitenciarios y administradores de los centros carcelarios”, señaló el experto.

Además, comentó que sería prudente entregar la vigilancia de los centros de rehabilitación social a la Policía. “No hay un sistema de control eficiente cuando usted le da las llaves de los candados en las puertas a los propios caporales de las celdas”, criticó.

Algo en lo que Daniel Pontón, analista de seguridad, coincidió, ya que con estos crímenes se evidenció que los controles en los espacios de máxima seguridad también están permeados por las mafias.

Se suma también, según Pazmiño, que el hacinamiento ha sobrepasado la capacidad de contención de estos lugares. El exoficial indicó que existe una sobrepoblación de privados de la libertad que supera el 120 por ciento.

Según Edmundo Moncayo, director del SNAI, en el sistema carcelario se custodian a 38 mil presos, en cuya mayoría pertenecen a bandas criminales, afirmó.

Medidas parche

El funcionario detalló, tras la matanza en cuatro cárceles del país, que previamente se había enviado un plan a la Corte Constitucional para terminar, de una vez por todas, este problema penitenciario.

La entidad respondió que la ejecución de aquel plan correspondía exclusivamente a órganos competentes del sistema de rehabilitación.

Entre los parámetros a solucionarse estarían desde la preparación de guías penitenciarios, la adecuación de infraestructura carcelaria hasta los cambios en marcos legales y fortalecimiento en tecnología.

Pero todos tienen deficiencias, según Pazmiño, quien consideró que esto solamente serían medidas parche que no resuelven el problema medular. “Es lo que ocurrió con los estados de excepción que se aplicaron en las cárceles. Algo que solo reactivó la violencia”.

Por eso, para Pontón es urgente que eleve el tema penitenciario a política de seguridad de Estado. ¿Esto qué significa? Que no solo se deja la responsabilidad al SNAI, sino que se involucrarían otras instituciones gubernamentales.

Sin embargo, no hay buenas noticias, ya que fue evidente, dijeron, que estas soluciones no son a corto ni mediano plazo.