Dirigentes indígenas en Ecuador declararon este viernes "en emergencia" a la provincia amazónica de Napo, donde denunciaron afectaciones por actividades mineras y pidieron a las autoridades medidas de protección, reparación y fiscalización.

"Pedimos la (declaración de) emergencia para la provincia de Napo, no solo por la minería sino por la vulneración de los derechos de los pueblos y nacionalidades", manifestó la presidenta de la Federación de Organizaciones Indígenas de esa provincia (FOIN), Rocío Cerda, en una comparecencia acompañada por líderes de diferentes organizaciones nacionales y regionales.

De acuerdo con testimonios de los líderes locales, Napo vive una situación crítica producto de las actividades extractivas mineras, tanto ilegales como legales, que se realizan sin los requeridos procesos de consulta previa, libre e informada a la población nativa.

Caso particular es el de la comunidad de Yutzupino, donde se reportan denuncias por contaminación de los ríos por mercurio, destrucción de la naturaleza selvática, hostigamiento y amenazas a los dirigentes comunitarios, conforme a las denuncias.

Cerda subrayó que las Fuerzas Armadas ecuatorianas llevaron a cabo recientemente un operativo en varias comunidades de la zona, después de que 150 excavadoras y 4.000 personas participaran en actividades mineras ilegales "bajo un resguardo de concesiones legales de la compañía Terraerth Resources".

Los territorios naturales de Napo se ven afectados por alrededor de 137 concesiones mineras, pero el problema en torno al sector Yutzupino se agudizó con la entrada hace medio año de maquinaria pesada y equipos de la minera de capital chino que, tras una demanda de protección y las protestas de los afectados, dio marcha atrás y mantiene suspendidas temporalmente las actividades.

La vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Zenaida Yasacame, censuró que pese a las denuncias respecto a la situación en la provincia, "hasta ahora no somos escuchados", y pidió al Gobierno que "esto no sea una suspensión temporal", sino definitiva de la actividad extractiva, "que sufre la Amazonía ecuatoriana por más de 40 años".

La Confederación exige la incautación de la maquinaria, investigaciones y sanciones a las autoridades que han permitido el ingreso de la minera, y al igual que otras organizaciones, una mesa de diálogo con las nacionalidades amazónicas para analizar la afectación ambiental.