¿Que tienen en común la ‘peni’ y los centros de rehabilitación clandestinos? Que en ambos los internos permanecen encerrados, con tiempos prolongados sin visitas y están expuestos a agresiones físicas, psicológicas y sexuales. También viven con la incertidumbre de saber si, de un momento a otro, ocurrirá una desgracia que les costará la vida.

El médico Juan Montenegro Clavijo, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Psiquiatría Biológica y perito del Consejo de la Judicatura, sostiene que estas “mal llamadas clínicas para adicciones son una sucursal, un remedo, una imitación de una cárcel. Todas estas personas entran etiquetadas para sufrir y así no se trata una enfermedad”.

Por eso, hace énfasis en que se debe entender que los consumidores de sustancias estupefacientes “tienen una enfermedad que ha minado su voluntad (...) y cuando ingresan a estos centros sufren una suspensión brusca de la droga. ¿Qué les produce eso? El síndrome de abstinencia (mona), que viene acompañado de una sensación de angustia, sudoración, palpitaciones, dolores, entre otros síntomas que los pueden llevar a tomar decisiones irracionales, como acabar con sus propias vidas o las de quienes están en su entorno”.

La mayoría de estas víctimas son personas jóvenes. Eso lleva a Rommel Salazar, sociólogo especialista en Intervención Social, a opinar que “el tesoro de la vida, la juventud, está cayendo en un pozo sin fondo, del que será muy difícil salir (...). Es grave la realidad aquí en el Ecuador”.

El experto expone que las víctimas provienen de toda clase social, pero aclara que obviamente los más afectados son los de “la clase de renta más baja”, sobre todo porque su situación “abarca contenidos más amplios y profundos”.

Para Salazar, ellos están más expuestos a una guerra moral por la que atraviesa el país, que los lleva a perder su sentido de esperanza de un mejor futuro, porque su orientación se encuentra perdida a causa del consumo de drogas, que los coloca en un estado de retroceso, al punto de que pueden ser comparados con “cualquier animal salvaje”, por los actos que pueden cometer, que aterrorizan y contribuyen a la descomposición de la sociedad.

Tomando como referencia el caso de un adolescente que el 3 de marzo asesinó a puñaladas a su padre, en el suburbio de Guayaquil, debido a el rencor que sentía hacia él por encerrarlo en un centro para adictos en el que lo maltrataban, el sociólogo menciona que, lastimosamente, es uno de tantos crímenes sin precedentes que se están cometiendo.

Salazar indica que algunos jóvenes forman parte de hogares en los que no solo se ven homicidios dentro del núcleo familiar, sino también a padres que envían a sus cónyuges e hijos a prostituirse, con la finalidad de obtener dinero para el consumo de drogas.

“Son delitos aberrantes y de lesa humanidad. Hoy somos testigos de crímenes que jamás habíamos sufrido en el Ecuador: desmembrados, fusilados, descabezados. ¿Será posible que el Ecuador deje de padecer estas cosas? Lastimosamente, nuestra clase política está ciega, sorda y muda ante la realidad nacional”, cuestiona.

A toda esta situación, el catedrático Carlos Tutivén la denomina ‘juvenicidio’. “Es decir, un suicidio lento donde va muriendo, paulatinamente, no solo el cuerpo humano, sino la salud mental y afectiva, la vida social y el futuro”.

Es a partir de ese razonamiento que el docente y psicólogo perfila a los jóvenes adictos como sujetos que han sufrido sistemáticamente agresiones físicas, psicológicas y sociales, que encuentran en el consumo de drogas un modo, aunque equivocado, de tolerar un mundo -para ellos- sin sentido.

Y es justo eso lo que “los convierte en ‘carne de cañón’ para los vendedores de drogas, quienes además de convertirlos en consumidores, también pueden llevarlos a ser vendedores, pues la pobreza y una sociedad consumista presionan todo el tiempo a que tome ese camino”, analiza Tutivén, quien en la carrera de Psicología, de la Universidad Casa Grande, ha dirigido un Observatorio de Problemáticas Psicosociales.

Además, señala que este cuadro se complica cuando se buscan soluciones irracionales, como el internamiento en clínicas clandestinas, cuyas terapias consisten en sufrir más violencia. También recalca que “son cárceles de castigo y condena, pues los padres y los ‘pseudoterapeutas’ creen que hay que enderezar al ‘árbol torcido’. No sorprende que de ahí algunos jóvenes salgan con más resentimientos y odios en sus corazones”.

Montenegro censura que se busque tratar una enfermedad solo con palabras o incluso violencia, pues insiste que “si no hay un verdadero profesional de la medicina, encargado de realizar los tratamientos adecuados, no se puede considerar un centro para la rehabilitación de una persona”.

Para Octavio Huerta, psicólogo clínico especialista en Psicoterapia Individual, también se requiere de políticas públicas que permitan la existencia de centros de rehabilitación donde haya apoyo tanto psicológico como farmacológico, gratuito, con buenos profesionales para que todo pueda ser controlado y mejorado.

“Conozco de la gravedad y sé que se requiere de un trabajo muy profesional, duradero en el tiempo y hay que complementarlo, muchas veces, con otros profesionales, para mejores resultados”, menciona Huerta.

Desde el punto de vista legal, el abogado Kléber Riofrío, experto en Derecho Constitucional, precisa también que las adicciones deben ser tratadas como un problema de salud pública y que, por ende, la responsabilidad es del Estado. “Así lo ha establecido la Constitución y también la Corte Constitucional mediante sentencia vinculante No. 7-17-CN/19”.

Por ese motivo, el jurista asegura que “el Ministerio de Salud Pública debe tener una participación más activa y difundir las políticas que en este aspecto haya implementado”.

El sociólogo Rommel Salazar concluye que “además de la recuperación del enfermo, se deben implementar programas laborales que permitan la inserción de esa masa laboral de jóvenes (que lograrían recuperarse), al trabajo productivo del país”.