Para ‘servir y proteger’, lema de la Policía Nacional, hay que aplicar, en situaciones extremas, el uso progresivo de la fuerza. Disparar contra los criminales. Pero en nuestro país no es así. Lo que está escrito en el papel se pega un ‘suelazo’ con la realidad.

Cuando la ciudadanía más exige la intervención para frenar la violencia que ‘nos lleva en peso’ y que desangra nuestra seguridad y altera la paz en las calles y dentro de los hogares, el temor a ser acusados de homicidio por utilizar sus armas de dotación en defensa propia o de la vida de los ecuatorianos, frena a los uniformados. El reglamento de uso legal, adecuado, proporcional de la fuerza para la Policía Nacional, emitido por el Ministerio del Interior en 2014, los tiene atados.

Los criminales se ríen del “uso progresivo de la fuerza”, porque saben bien la desventaja a la que se enfrentan los policías durante su trabajo. Y los que la aplican, como ocurrió el fin de semana en Quito, cuando un agente vestido de civil evitó un asalto en un local y neutralizó a un presunto delincuente, no reciben reconocimientos, sino que son investigados por la Fiscalía.

Estas situaciones, que crean conflictos en el desenvolvimiento de los policías, se han multiplicado desde 2014. Hasta el año pasado se registraban 900 uniformados procesados por el uso progresivo de la fuerza.

Mientras la Asamblea avanza en el tratamiento de la Ley del Uso Progresivo de la Fuerza, que deberá respaldar a los uniformados durante su trabajo, ellos seguirán siendo procesados por accionar sus armas, o abatidos por defender a la ciudadanía, que ya no sabe a quién recurrir para clamar por seguridad.