No basta con tener en la nómina de profesionales a algunos psiquiatras y psicólogos en los hospitales públicos para prestar un servicio eficiente de salud mental a los ecuatorianos, porque hay casos que requieren una atención especializada en casas de salud de neurociencias, de las que por ahora carece el sector público.

La población no puede estar a expensas de la onerosa asistencia en las casas de salud privadas o de la beneficiencia porque la salud mental de los ciudadanos también es una responsabilidad del Estado y sus instituciones, con miras a lograr no solo sanación sino también la recomposición del tejido social.

La urgencia de contar con esta infraestructura médica va acompañada de la alta necesidad de atender las alteraciones emocionales y mentales de quienes han sufrido diversos traumas, ya sea por la pérdida de un ser querido a manos de la violencia criminal, o porque enfrentan graves problemas familiares o personales. Basta con mirar el aumento del número de suicidios en el territorio nacional para entender que la pérdida de estas vidas se pudo evitar con asistencia psicológica y psiquiátrica oportuna. Las autoridades sanitarias nacionales y los gobiernos locales no pueden desentenderse de la imperiosa necesidad de tener hospitales psiquiátricos públicos.