La integridad y la confianza en los servicios de emergencia son pilares fundamentales de cualquier sociedad. Sin embargo, cuando la corrupción y la delincuencia organizada se introducen en estas instituciones, la confianza pública se rompe y se pone en peligro la seguridad de todos. Y en un contexto de inseguridad y violencia como el que atraviesa el país, lo último que le podría suceder al pueblo es que se vulneren sus derechos cuando solicitan auxilio.

Las recientes denuncias hechas por EXTRA sobre una posible filtración de información desde el ECU 911 hacia funerarias son alarmantes y ponen de manifiesto la necesidad urgente de abordar este problema con determinación. La existencia de un supuesto entramado de corrupción que involucraría la interceptación de comunicaciones entre operadores y funcionarios públicos arroja luz sobre una práctica inaceptable y que pone en riesgo la vida y la seguridad de los ecuatorianos.

Este cáncer debe ser erradicado con determinación y voluntad política. La sociedad también debe exigir la máxima transparencia y responsabilidad en la prestación de servicios de emergencia, en la protección de sus datos personales y no descansar hasta que se haya eliminado completamente cualquier indicio de corrupción en estas instituciones.