Pasan los meses y nadie se quiere ensuciar las manos. Mientras todos los días se lee en las noticias sobre la participación de menores de edad en delitos como robos, extorsiones e incluso asesinatos a personas, sigue estancado el análisis de las reformas a la justicia penal para adolescentes, el sistema de protección y de juzgamiento.

Aunque en 2023 ya hubo un avance al incorporar como delito la figura del reclutamiento de menores de edad con fines delictivos, los grupos de delincuencia organizada siguen captando jóvenes para sus filas. Los artículos 305 y 307 del Código de la Niñez y Adolescencia señalan que son penalmente inimputables, por lo que cada día es más común observar la participación de muchachos de 14, 15 o 16 años en violentas acciones por encargo de los líderes de bandas.

El país viene discutiendo este tema por varios años y de eso no ha pasado: una discusión sin solución. Queda claro que siempre lo principal es la rehabilitación y no la sanción, de allí que vale aclarar que la idea de la reforma es establecer una responsabilidad penal especial que consistiría en un juzgamiento diferenciado, a fin de que hecho execrables y que atenten contra la vida de otras personas no queden impunes. ¿Qué esperan las autoridades para definir un rumbo sobre esta reforma?

Es necesario buscar alternativas pronto, porque el internamiento en los centros de adolescentes infractores no cumple su función, pues estos lugares más bien se convierten en centros de reclutamiento de menores.