‘Pateados’. así se sienten los ecuatorianos con el servicio al cliente en el país. es que simplemente ese asesoramiento o ayuda al consumidor no existe. y si existe, no es óptimo. el ciudadano mendiga atención, aun cuando pague puntualmente los servicios básicos a una empresa estatal o a una del sector privado.

Son comunes los recargos desmedidos, injustificados y no autorizados en las planillas de pagos mensuales; los cortes de servicio por desperfectos en el sistema generador, sin que el proporcional correspondiente al tiempo de la interrupción lo descuente el proveedor a fin de mes; la aplicación del “pague primero la sobrefacturación y reclame después”. Situaciones similares se dan cuando se quiere dar por terminada la prestación del servicio: ponen todo tipo de trabas y pasos burocráticos para alargar el proceso y cuando por fin se logra, devolver los equipos, recuperar la garantía y/o conseguir un certificado de terminación de contrato es otro trámite cuesta arriba. ¡Una tortura!

Ante este tipo de arbitrariedades nadie tiene a quién recurrir realmente para que defienda sus derechos y el cumplimiento de la ley, pese a que existe una institución que se sostiene con los recursos de los contribuyentes y cuya obligación es representarlos y resguardar su bienestar: la Defensoría del Pueblo. La ciudadanía debe exigir una gestión eficiente de su parte o demandar su desaparición.