La sangrienta ‘guerra’ entre facciones de un grupo de delincuencia organizada en el noroeste de Guayaquil tiene también entre sus víctimas colaterales a personas con discapacidad, adultos mayores y otros miembros de grupos vulnerables. Estas personas han sido abandonadas a su suerte en medio de la violencia que gobierna ese sector del Puerto Principal, cuando, por tratarse de poblaciones en situación de riesgo, deberían contar con toda la protección del Estado. Pero no es así.

Los dramáticos testimonios recogidos por EXTRA de los familiares de personas con discapacidad que habitan en Socio Vivienda 3, junto a la etapa donde ocurrió una de las peores masacres registradas en Guayaquil, evidencian la desconexión con la realidad. Los afectados por los enfrentamientos entre criminales no son solo parte del entorno delictivo, sino también la población civil, que enfrenta sola los traumas causados por la crisis de inseguridad.

Si el Estado otorgó estas viviendas a bajo costo para que los grupos vulnerables tengan una vida digna y tranquila, también debe garantizar su seguridad y la de sus familiares, su único sostén en medio del fuego cruzado. La toma de medidas efectivas para proteger a quienes más lo necesitan, antes de que esta crisis cobre más vidas inocentes, es lo que se espera de inmediato.