La autorización dada por el Gobierno, a través de un decreto ejecutivo, para regular el uso legítimo de la fuerza de parte de las autoridades (policías y militares, en concreto), ya comienza a demostrarse en las acciones policiales que han dejado varios pillos sin vida. 

Esta es una respuesta apurada en dos vías para poder enfrentar a la delincuencia en un país sumido por la violencia y, a la vez, para acabar con tanta leguleyada que a veces deja como culpables a los uniformados ante los delincuentes. 

En los casos ya ocurridos, la institución policial ha señalado que “al ver el ataque inminente a la vida propia y de terceros, servidores policiales hicieron uso legítimo de la fuerza”. Un argumento que, pese al mismo decreto, tiene que ser justificado, pues lo que menos quiere el país es que, ante la falta de un verdadero plan de acción para acabar con la ola delictiva, se trate de combatir violencia con violencia.

En todo caso, la ciudadanía aplaude las acciones que se dan, pero exige un mayor compromiso de parte de las autoridades para que doten a los uniformados de un mejor armamento, vehículos y equipos de seguridad. Ya pueden disparar, pero eso no significa libre albedrío. Actúen conforme a derecho y la ciudadanía y el país los aplaudirán.