En Ecuador no existe una verdadera cultura de prevención de riesgos en lo que a desastres naturales se refiere. Una muestra de aquello es lo que sucedió nuevamente en el sector de La Gasca, en Quito. Hace dos años, un aluvión sepultó la vida de más de 20 personas y este martes 2 de abril se repitió la tragedia, cobrando la vida de un ciudadano y dejando cuantiosas pérdidas económicas para los habitantes de esta zona.

Esa incapacidad para prever desastres avisados como el deslizamiento de tierra en Alausí, en marzo de 2023, o los estragos causados en diferentes localidades de las provincias de Esmeraldas y Los Ríos por las intensas lluvias del fenómeno de El Niño, en enero de este año, hace que la respuesta de los organismos del Estado ante estas emergencias sea muy débil y que las cifras de damnificados y víctimas mortales sobrepase todos los cálculos.

Pero la responsabilidad en el manejo de riesgos para minimizar los impactos no solo recae en las instituciones, secretarías y gobiernos locales, que ya bastante problemas tienen por la falta de recursos para actuar, sino también en nuestra población, que continúa arrojando basura en zonas de riesgo, taponando el desfogue natural del agua, así como canales o alcantarillas. Descuido y negligencia social.