El reciente allanamiento a dos juezas de la Corte Nacional de Justicia, quienes concedieron un ‘habeas corpus’ a favor de un expresidente de la Judicatura, deja incompleta una parte importante de la historia: los motivos. Aunque nadie cuestiona la facultad legal de la Fiscalía para llevar a cabo su trabajo, las razones detrás de este allanamiento (sean contundentes o no, pues aún no se han hecho públicas) siguen siendo un misterio para el ciudadano. Esto puede generar suspicacias y poner en tela de juicio la labor fiscal, especialmente cuando la denuncia surge de una llamada anónima.

Más allá del beneficiario del recurso constitucional y de las investigaciones que enfrenta, el precedente legal de una acción fiscal sin motivaciones públicas es problemático y susceptible de interpretaciones cuestionables. Por ejemplo, podría interpretarse que cualquier juez que emita un fallo que no sea del agrado de la Fiscalía podría ser objeto de un allanamiento.

Por eso es fundamental que se expongan públicamente las razones que llevaron al juez a autorizar los allanamientos. La Fiscalía debería ser la primera interesada en esclarecer estas dudas, y la sociedad, en exigir respuestas. Cuidado con crear precedentes negativos. El que nada debe, nada teme.

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