El país está partido en dos. Las marchas indígenas, con o sin reclamos legítimos, tienen unas formas que desbordan sus peticiones y su legitimidad. La violencia y la paralización de estructuras y servicios a escala nacional trascienden cualquier reclamo social. ¿Por qué? Porque empobrecen y matan las oportunidades de todos. Todo el país padece más por el paro que antes del paro.

Nadie puede negar ni ignorar que la situación económica del país y de los ecuatorianos arrastra años de precariedad, exacerbados por dos años de pandemia, y agravados por la ausencia de reformas y soluciones de la presente administración gubernamental. Pero la solución a eso no es destrozar el país y acabar con el esfuerzo de todos.

La inmensa mayoría de las familias ecuatorianas sufren, en menor o mayor medida, las estrecheces. Y han puesto todo su esfuerzo en salir adelante. El colchón de ahorro, de respaldo o de subsistencia para imprevistos y crisis ya era fino en los hogares y en los pequeños y medianos negocios. Ahora es casi anoréxico, en los casos en los que hay. Llevar a la quiebra a todo el tejido productivo y social no va a reducir la pobreza ni la desesperación. Es responsabilidad de los manifestantes y de las autoridades terminar ya con el caos y sentarse a dialogar en busca de paz y de soluciones para todos.