Cada año, con la llegada de la temporada invernal, comunidades rurales y urbanas sufren las consecuencias de lluvias intensas y prolongadas. Ríos desbordados, puentes colapsados, carreteras intransitables, deslaves que arrasan viviendas, comercios y escuelas, así como la pérdida de cultivos, ganado y, lo más grave, vidas humanas.

A pesar de que estas tragedias se repiten año tras año, las autoridades siguen sin adoptar medidas preventivas efectivas para mitigar el impacto de los desastres naturales.

Casos recientes como las caídas de personas en zanjas y canales en Guayaquil o los aluviones en Quito pudieron evitarse con una adecuada planificación. Lo mismo ocurre en las zonas rurales, donde el desbordamiento de ríos y los deslizamientos de tierra siguen dejando comunidades incomunicadas y en crisis.

Las municipalidades y prefecturas tienen la obligación de contar con planes de gestión de riesgos que permitan una administración eficiente de los recursos, enfocada en la prevención y respuesta ante emergencias. La falta de acción cuesta vidas y genera daños cuya reparación implica enormes costos para el Estado y la ciudadanía.