Tienen uniformes parecidos a los que usan los policías, pero no lo son. Ellos se hacen llamar ‘Comunitarios en Delitos Flagrantes’. Y su misión es, según su director Jean Paul Del Castillo, “si una persona está en apuros y hay alguno de nosotros cerca está en la obligación de ayudarla”.

Muchos no han escuchado nada sobre ellos. Ni siquiera en La Loma Grande, centro de Quito, barrio donde está situada la sede. Quizás por eso hubo una polémica hace unos días cuando diez ‘comunitarios’ fueron arrestados. Al justificar su labor frente al juez, soltaron a nueve de los miembros.

“Nos dijeron que nos hacemos pasar por policías, pero no estamos armados y tampoco tenemos esas funciones”, dijo Del Castillo. Sin embargo, están dispuestos a cambiar sus vestimentas para evitar confusiones, así como algunas insignias.

Jimena Morales atiende una tercena en la calle Rocafuerte desde hace nueve años. “Supe de ellos cuando tuve un problema y me llevaron a su oficina”, expresó. Allí le dieron algunas pautas de cómo debía proceder. Y aunque le llamó la atención la vestimenta de la agrupación, no tiene claro cómo podrían contribuir con la seguridad.

“Deberían socializar con los vecinos. Algunos solo los ven pasar y se confunden”, agregó.

Roberto Ruales tiene un restaurante hace diez años en la zona y entendió, con los rumores de los residentes, que allí había una oficina de la Unidad de Flagrancia. “No creí, pero me quedé con la duda. Tampoco he visto que ayuden con la inseguridad que cada vez está peor”, sentenció.

FUNCIONES

Víctor Rivadeneira, abogado de la agrupación, explicó que “no están arrogando funciones de la policía, sino que hacen labor comunitaria y sin fines de lucro”.

Es decir, para costear sus gastos realizan hornados solidarios o fiestas. “Estamos preparando un evento para pagar la luz”, acotó del Castillo.

Sus instalaciones funcionan en una casa prestada de La Loma Grande, el techo está cubierto con plástico negro y las barandas con tablas cruzadas.

Diego Chimbo, un experto penalista consultado por EXTRA, explicó que la liberación de los miembros es correcta si no portaban armas o tenían uniformes falsos. “Lo que hacen no es delictivo, es más bien una labor cívica”, espeta.

Lo que sí está dentro de un proceso judicial es la tenencia de una credencial falsa de la Policía que llevaba uno de los diez miembros aprehendidos de la semana pasada. “Él fue separado inmediatamente”, sentenció del Castillo.

Sus funciones se limitan a aprehender a los sospechosos de delitos flagrantes hasta que llegue la Policía Nacional. “Ese es el derecho que cualquier ciudadano en el país tiene”, agregó.

Sin embargo, los vecinos de La Loma Grande dicen que se “ahogan” en la inseguridad, sobre todo ahora que las clases presenciales se reanudaron. “A la hora de salida de los estudiantes aquí llueven los ladrones”, reclamó Jimena.