Desde el pasado 14 de julio, el cadáver del abogado Miguel Ángel Selvero Costa permanece en uno de los frigoríficos del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil, adonde fue trasladado después de ser desenterrado.

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El cuerpo desmembrado de Selvero, de 49 años, fue encontrado sepultado a un metro de profundidad en un terreno baldío en el recinto Los Pinos, en Puente Lucía, ubicado en el kilómetro 26 de la vía a Daule. Sin embargo, un trámite judicial ha impedido que sus familiares puedan enterrarlo y darle el último adiós.

Una parienta del fallecido contó a EXTRA cómo se habría producido el secuestro y asesinato del jurista, quien por más de una década trabajó para una cadena farmacéutica del Puerto Principal.

Horas antes de desenterrar los restos, la policía detuvo a dos personas que tendrían responsabilidad en este hecho de sangre. Los sospechosos son Bernardo Abel Coveña Medina y Thalia Vanessa Wisum Tentets. De acuerdo con información de la familia de la víctima, esta mujer ya habría participado en un hecho similar dos años atrás y es miembro de una organización criminal.

“El 3 de julio salió de Guayaquil. Tenía que ir a Naranjal y a El Empalme a realizar trámites legales de la empresa donde trabajaba. El jueves 4 de julio fue la última conversación que su esposa mantuvo con él. El viernes 5 de julio, su foto de perfil de WhatsApp fue borrada. Esto incrementó nuestra angustia. Sentíamos que algo no estaba bien y acudimos a la empresa donde trabajaba para hablar con su jefa. Ella nos dijo que no sabían nada y nos recomendó presentar una denuncia. Esta ha sido una pesadilla de la que aún no despertamos”, expresó la allegada.

Según la información entregada por la policía a la familia, Miguel Ángel fue torturado y asfixiado. Luego su cuerpo fue dividido en cinco partes y enterrado, quizá con la intención de desaparecerlo.

“No entendemos por qué lo mataron si ya tenían su tarjeta y su clave. Estos delincuentes retiraban 500 dólares diarios de su cuenta bancaria. La mujer detenida dijo que ella fue quien lo contactó por redes sociales y que le ofreció un terreno. Ese era el negocio que iban a cerrar y por el que viajó hasta Puente Lucía. Lamentablemente, la justicia de nuestro país es lenta. Primero, para poner una denuncia tuvimos que esperar, y ahora han pasado más de 15 días desde que aparecieron sus restos y aún no nos los entregan”, explicó la parienta.

Según los familiares de la víctima, la investigación del secuestro está a cargo de la Fiscalía de El Empalme, ya que fue en ese cantón donde supuestamente se realizó la última comunicación. Ahora deben esperar a que dicha entidad judicial envíe la documentación necesaria para que el cadáver pueda ser retirado. “Al parecer, los documentos se traspapelaron y deben volver a emitirlos”, aseveró.

Jhonny Almeida, abogado de la familia del fallecido, explicó que los detenidos han solicitado una revisión del caso, con el fin de que les concedan medidas alternativas y puedan defenderse en libertad.

“En la audiencia de formulación de cargos se los procesó por secuestro extorsivo, pero se trató de una desaparición forzada con muerte, es decir un asesinato. Le retiraron $ 4.500, ya muerto. El proceso inició el 15 de julio y el 14 de agosto se cierra la instrucción fiscal. Pedimos que se reformule el delito en el que incurrieron estas personas. La mujer ya tiene un proceso judicial por robo con fuerza y el caso fue archivado. La familia de la víctima vive un calvario, ni siquiera tienen el cuerpo”, dijo el defensor.

Agregó que, además de los detenidos, según las investigaciones hay un tercer implicado que aún no ha sido identificado, pero que fue visto por los habitantes de Puente Lucía.

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